La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró de manera total el proyecto “Dragon Mart Cancún”, tras constatar el incumplimiento de las medidas correctivas que le había ordenado, así como por la afectación ambiental por la remoción de la vegetación natural causada por sus obras de construcción.
Tras una acción realizada este lunes 26 de enero, la PROFEPA decretó aplicar dicha medida de seguridad al establecer que el denominado predio “el Tucán”, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, sí se encuentra en terrenos forestales como lo precisan la serie IV de la carta del INEGI y el Inventario Nacional Forestal.
Igualmente, dicho predio incide de manera negativa en el área de Importancia para la Conservación de Aves (AICA) en la región hidrológica prioritaria sureste “Corredor Cancún-Tulum” y la región marina prioritaria denominada “Punta Maroma–Nizuk”, en el estado de Quintana Roo.
De acuerdo con los estudios y dictámenes realizados por esta dependencia federal, el predio en cuestión sí está ubicado en un ecosistema costero donde se registra la presencia de vegetación de manglar conforme a los registros de la Comisión Nacional para el conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).
A criterio de la SEMARNAT, el proyecto que ocupa una superficie de 203.83 hectáreas en un terreno total de 561.37 hectáreas, donde se construirían 722 viviendas y 22 naves comerciales, con un total de tres mil locales, requiere de ambas autorizaciones: Cambio de uso de Suelo Forestal e Impacto Ambiental.
El 12 de agosto pasado, la PROFEPA impuso al proyecto Dragon Mart Cancún una multa en materia de Impacto Ambiental, por 7 millones 233 mil 675 pesos, al tiempo que ordenó someter a procedimiento de evaluación de impacto ambiental el proyecto y la restauración del sitio, para lo cual debe presentar un programa de restauración ecológica.
El ocho de septiembre del año pasado, aplicó una multa adicional en materia forestal por dos millones 758 mil 890 pesos, así como una compensación ambiental por un monto de inversión de 9 millones 380 mil 818 de pesos y una restauración por un monto de inversión de 2 millones 508 mil 243 de pesos.
Al mismo tiempo, se le ordenó tramitar y obtener la autorización de cambio de uso de suelo en una superficie de 203.93 hectáreas y la conservación total de 357.44 ha que no se encuentran afectadas y que pertenecen al predio, entre otras medidas de seguridad.
Cabe precisar que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente impuso dicha medida de seguridad tras el sobreseimiento resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, el pasado ocho de enero, frente al recurso promovido por la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún S.A de C.V.
El 21 de enero de los corrientes, un Juzgado de Distrito emitió un acuerdo por medio del cual se ordenó archivar el juicio de amparo como concluido.
Así, con el objeto de garantizar que el proyecto desarrollado en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, cumpliera con sus obligaciones en materia ambiental federal, esta Procuraduría realizó diversas acciones que permitieron en tiempo y forma el derecho de audiencia del responsable de la construcción.
La PROFEPA presentó denuncia penal con fecha tres de octubre de 2014 ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente (UEIDAPLE) de la PGR, por los delitos contra la biodiversidad, previstos y sancionados en los artículos 418 y 420 bis del Código Penal Federal.
Lo anterior por la destrucción de vegetación natural, cambio de uso de suelo, daño, de sequedad y relleno de humedal.
La PROFEPA continúa coadyuvando con la PGR con la aportación de elementos de convicción para la integración de la averiguación previa y eventual consignación de los presuntos responsables.
