Historico

APOYO AL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Mensaje de Gustavo de Hoyos Walther, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), en el interior de la Cámara de Senadores con motivo del apoyo que Coparmex externa a la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana estamos aquí, en el Senado de la República, a nombre de los 65 Centros Empresariales, del Consejo Directivo Nacional, las Comisiones de Trabajo y de las Grandes Empresas, de nuestra Confederación, y también haciendo eco de la sociedad, para hacer un llamado a nuestros legisladores para que hagan posible que México cuente con el Sistema Nacional Anticorrupción que merece.
Los dirigentes empresariales aquí presentes, han venido de diversos estados de la República y, simultáneamente, en este momento se llevan a cabo conferencias de prensa en 35 ciudades del país con un solo objetivo: advertir que México no puede claudicar en la lucha para superar las carencias del Estado de Derecho e iniciar una cruzada contra la corrupción, la impunidad.
Es ya imposible ocultar que las prácticas corruptas que afectan la apertura y buen funcionamiento de los centros productivos, están deteniendo la inversión y la generación de empleos. Por ello la urgencia de contar con las instituciones y leyes que permitan erradicar la corrupción en México y desterrar la impunidad que la acompaña.
Esta mañana hemos entregado al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y a los coordinadores parlamentarios de todos los partidos una carta subrayando nuestra petición.
A continuación doy lectura al texto de esta carta:
 
Senador Roberto Gil Zuarth,
Presidente de la Mesa Directiva,
SENADO DE LA REPÚBLICA
Estimado Senador,
 
Los empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) nos congratulamos de que estén discutiendo con la sociedad civil las leyes que conforman el andamiaje para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione, ya que el binomio perverso de la corrupción y la impunidad es uno de los problemas más graves que tenemos como país y que impiden nuestro crecimiento y desarrollo.
La corrupción nos cuesta como país alrededor de un 10% del PIB y a las empresas hasta un 5% de nuestras ventas anuales. Pero el costo social es aún mayor: el 14% del ingreso promedio anual de los hogares son destinados a “pagos extraoficiales” e, incluso, está demostrado que hay una correlación directa entre la corrupción y los niveles de violencia.
Coparmex tiene un compromiso histórico con la lucha en favor de las mejores causas de México, como la educación, la democracia participativa, el diálogo entre las empresas y los trabajadores, y ahora, de manera muy clara: el combate a la corrupción y a la impunidad.
Es por eso que planteamos ante el Senado de la República 5 exigencias que son prioritarias en la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción:
 
1-.El Congreso de la Unión tiene el deber de cumplir con la Constitución y aprobar las 7 leyes secundarias del SNA a más tardar el 28 de mayo.
La Ley de Responsabilidades Administrativas “Ley 3de3” debe ser aprobada. La iniciativa cuenta con un respaldo ciudadano de más de 634 mil firmas. Además de la declaración fiscal, de conflicto de intereses y patrimonial, debemos asegurar que las formas de corrupción estén claramente tipificadas y, en consecuencia, investigadas, juzgadas y sancionadas. Además, debe contar con mecanismos claros para proteger y promover la denuncia anónima.
2.- Garantizar que la ciudadanía presida el Sistema Nacional Anticorrupción.
Para ser eficaz, el combate a la corrupción debe ser un trabajo desde y con la sociedad, por eso el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción debe estar presidido por el representante ciudadano («la séptima silla»).
Asimismo, el Comité de Participación Ciudadana debe contar con la representación del sector empresarial, dada la afectación que la corrupción tiene en las empresas y por ende en el empleo, y finalmente, en el desarrollo y el bienestar.
 
3.- Autonomía y facultades plenas a los órganos que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción.
Los órganos encargados de investigar, fiscalizar y sancionar la corrupción deben contar con facultades para actuar de manera íntegra, segura, coordinada y eficaz. Particularmente la Auditoría Superior de la Federación, la nueva Fiscalía y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben tener la autonomía suficiente, así como capacidad técnica y operativa.
 
4.- El Sistema debe tener facultades sancionadoras para el combate efectivo a la impunidad.
El SNA debe poseer «dientes para morder a la impunidad», es decir afectar directamente los bienes producto de la corrupción con un marco jurídico adecuado para resarcir el daño. En este sentido, el sector empresarial asume el compromiso de coadyuvar y ser ejemplo en el combate a la impunidad.
 
5.- Que el Sistema Nacional Anticorrupción sea una realidad en todos los estados y municipios de México.
La implementación del Sistema Nacional Anticorrupción debe ser real y eficaz en los tres órdenes de gobierno, conforme a la expectativa de la sociedad. Coparmex impulsará, a través de sus Centros Empresariales, el proceso de armonización y ejecución de las leyes estatales con las federales.
 
Tenemos una responsabilidad con nuestro México
Por todo lo anterior, a nombre de Coparmex, y haciendo eco de los miles de ciudadanos firmantes de la Iniciativa Ciudadana “Ley 3 de 3” solicitamos que, de no haber consenso antes del 30 de abril, es decir, cuando termina el periodo ordinario de sesiones, convoquen de inmediato a un periodo extraordinario donde se discuta y aprueben los dictámenes de todas las leyes que conforman el andamiaje del SNA.
No puede haber Estado de Derecho en un país en el que se pone el interés de algunos sobre el interés público sin que haya consecuencias.
Los mexicanos esperamos de nuestros representantes, estar a la altura del reto que nos exige el país: que se legisle el Sistema Nacional Anticorrupción en los tiempos que mandata nuestra Constitución.
Los legisladores son los primeros obligados a cumplirla y nosotros estaremos atentos a que cumplan con su responsabilidad.
 

Editorial

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