Postura de la Coparmex respecto a la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avala la no deducibilidad plena de las prestaciones laborales.
En México, el alto costo de mantener el empleo formal es una de las principales causas que obstaculizan la creación y el crecimiento de las empresas; incluso es un factor que muchas veces las orillas a la informalidad.
El reto como país es lograr que las empresas formales crezcan y se multipliquen, para que sean opciones de trabajo y de desarrollo. Además, que quienes consideran crear algún negocio, no opten nunca por la informalidad.
De acuerdo con cifras del INEGI, al cierre del segundo trimestre de este año en México hay 51.4 millones de personas ocupadas. Sin embargo, y de acuerdo con los datos del CONEVAL, casi la mitad de ellos nunca ha cotizado en una institución de seguridad social.
Por otra parte, y tomando datos de agosto de 2016, solamente cerca de 18.4 millones de personas tienen un empleo formal registrado ante el IMSS, con prestaciones debidamente acreditadas.
Los empresarios queremos crear empresas productivas, innovadoras, competitivas, que permitan generar más empleos de calidad y mejorar el nivel de vida de los trabajadores y de sus familias.
Es necesario romper el círculo vicioso en el que se encuentran millones de empresas informales, que emplean a pocos trabajadores con baja capacitación, que se desempeñan en actividades poco productivas y de bajo valor agregado.
Sin embargo el debate actual, marcado por las dificultades de la economía global y el lento crecimiento, es que resulta cada vez es más difícil preservar las prestaciones de los trabajadores en la formalidad.
Por ello, los empresarios de Coparmex queremos abordar el tema de la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avala la no deducibilidad plena de las prestaciones laborales para asegurarnos que en este debate prevalezca el beneficio de los trabajadores y al empleo.
Proponemos centrar la discusión en la importancia que el sistema fiscal promueva las prestaciones, por ser éstas un vehículo idóneo de bienestar social. Por lo tanto, debe de regresar la deducibilidad plena de las prestaciones en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Para lograrlo emprenderemos en la Coparmex las siguientes acciones:
1). Solicitaremos que sea el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien estudie la constitucionalidad de los artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que están vigentes a partir del 1 de enero de 2014, que limitan la deducción de los pagos realizados a los trabajadores, por concepto de prestaciones que constituyen ingresos exentos para ellos.
Es necesario que la Segunda Sala de la Suprema Corte difiera la resolución de los juicios de amparo en esta materia, para que sean todos los ministros y no solamente cinco de ellos los que resuelvan este importante tema. Creemos que este asunto de la deducibilidad de las prestaciones debe ser resuelto con la profundidad que demanda el interés de los trabajadores.
2). Iniciaremos un diálogo con los representantes del Poder Legislativo, para que en el análisis y la discusión de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se apruebe la deducibilidad plena de las prestaciones de ley que otorgan las empresas a sus trabajadores.
3). Promoveremos que los líderes de los sindicatos de trabajadores se sumen a esta petición y se privilegien por tanto las prestaciones de sus representados, ciertamente muchas empresas dejarán de ofrecer nuevas prestaciones o limitaran las mismas en las nuevas contrataciones sino logramos su plena deducibilidad.
A pesar de que las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta que limita la deducibilidad entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2014, han significado para los empleadores formales del país un aumento en el costo de la nómina que oscila entre el 5 y el 8 por ciento, los empresarios no hemos dejado de otorgar estas prestaciones.
No es posible que en México existan trabajadores y funcionarios del sector público que gozan de la exención de facto en el pago del Impuesto Sobre la Renta, así como de seguros médicos privados y otras prestaciones como planes benévolos de retiro, mientras que se aplican restricciones fiscales que afectan la calidad de vida de millones de trabajadores en las empresas formales que sostienen la recaudación.
El afán de recaudar 20 mil millones de pesos al año que se obtienen por el fisco al limitar las prestaciones de 2014 y que ahora estaría convalidando la Suprema Corte no puede ser más importante que la grave amenaza a la vigencia y la continuidad de las prestaciones de millones de trabajadores, entre ellas las prestaciones como el aguinaldo, las horas extras, las primas vacacionales y dominicales, o las aportaciones adicionales para el incremento de los fondos de pensiones y de jubilaciones. Dicho de otra manera si el gobierno necesita más ingresos comencemos por recortar los privilegios que tienen algunos trabajadores del estado y sus organismos, así como muchos altos funcionarios públicos, particularmente los que tienen mayores ingresos.
En México no podemos tener trabajadores de primera ni de segunda, lo decimos con plena convicción toda prestación legítima que otorgan las empresas generan bienestar y las leyes deben incentivarlas, si la prestación es real debe de ser deducible para las empresas, es inmoral y falta a los valores republicanos básicos crear a través de la Ley castas privilegiadas hoy en el Gobierno.
Más y mejores empleos con prestaciones, que provean más empresas productivas y formales, son sin duda la mejor vía para construir un México más justo y próspero para todos.
Gracias.
