La modificación a Ley General para el Control del Tabaco
Colaboración de Philip Morris México
La última vez que se modificó la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT) fue en mayo de 2008. Hoy, de nuevo, está en boca de todos porque hay más de 16 propuestas en el Congreso de la Unión para reformarla.
Las iniciativas para actualizar el marco regulatorio del tabaco son un tema de debate que despertó la atención de la sociedad civil, comunidad médica e iniciativa privada.
Te ahorramos los discursos largos y explicaciones técnicas con cinco puntos claves para entender qué implican las posibles modificaciones a la LGCT.
1.- ¿De qué trata? Hay propuestas que regulan y otras que prohíben. Los actuales proyectos se enfocan en lo segundo, porque pretenden quitar los productos de tabaco en puntos de venta (ya no estarán detrás de las cajas) y vetarían todo tipo de anuncios (antes sólo se prohibían patrocinios).
También obligarán a las empresas a comercializar con un empaquetado único del mismo color y misma tipografía, es decir, las cajetillas serían indistinguibles unas de otras.
Aunado a lo anterior, también se contempla la prohibición de la importación, exportación, comercialización, venta, producción o fabricación de cigarros electrónicos, vaporizadores, productos de administración de nicotina y calentado de tabaco, así como su uso en espacios públicos con la imposición de multas que van desde 89 mil hasta 358 mil pesos.
2.- ¿A quiénes afecta? En términos simples, los afectados serían los consumidores. Por un lado eliminar la visibilidad de los productos de tabaco y obligar a vender un empaquetado neutro podría crear confusión entre las marcas establecidas de manera legal. Además, afectaría la economía de los comercios y se promovería la generación de mercados negros poniendo en riesgo la salud de los usuarios.
Por otro lado, prohibir los dispositivos existentes como alternativas para el consumo de tabaco y nicotina afectaría, irremediablemente, a quienes han optado por estas opciones, ya sea porque no pueden dejar de fumar o porque desean seguir haciéndolo con un menor riesgo.
3.- Los que levantaron la mano. La intención legislativa inquietó a diversas organizaciones. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) expresaron que estas medidas afectarían al pequeño comercio, reduciendo sus ventas y mermando aún más su economía en un contexto de contingencia sanitaria.
4.- ¿Qué dice la comunidad médica al respecto?
En una carta firmada por varios profesionales de la salud y enviada al Congreso para su consideración en el debate, varios especialistas en salud pública del país expresaron que si bien es necesaria una regulación orientada a reducir los niveles de tabaquismo en México, la cesación no puede ser la única política pública a seguir.
El consumo de tabaco es un fenómeno complejo, por lo que su abordaje requiere de acciones integrales basadas en la gestión de riesgo y exposición, y que al mismo tiempo considere los elementos sociales, culturales, económicos y psicológicos. Las políticas públicas prohibicionistas han demostrado, históricamente, no sólo ser costosas sino también ineficaces.
5.- La perspectiva ciudadana. De aprobarse las iniciativas que se están discutiendo en el Congreso, los 15 millones de fumadores en México no tendrían acceso a alternativas de menor riesgo para el consumo de tabaco y nicotina. Esto se contrapone a lo expresado en una encuesta conducida por la consultora especializada en asuntos públicos Povaddo, en la que el 80 % de los mexicanos se mostró a favor de tener acceso a opciones de menor riesgo para consumir tabaco y nicotina.
La implementación de estas propuestas restringiría la fabricación, importación y comercialización de alternativas de consumo de tabaco y nicotina, productos que no tienen combustión, ni humo, que es donde se encuentran el mayor número de sustancias tóxicas para los fumadores.
Si bien todas las partes concuerdan en que es necesaria una actualización al marco regulatorio del tabaco, también es cierto que un enfoque prohibicionista tendría más perjuicios que beneficios y coartaría la libre elección de las personas para decidir sobre su consumo. Lo mejor será regular, no prohibir.
