El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) externó su firme apoyo en la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal, sin embargo, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas en el Senado para revisar la iniciativa de combate a la defraudación fiscal a través de facturas falsas ya que la considera excesiva y que puede generar inseguridad para la inversión productiva formal en el país.
Lo anterior con el objetivo de “evitar que, por imprecisiones, se afecte a contribuyentes cumplidos y se genere incertidumbre jurídica para la inversión, en un momento en que es más necesaria que nunca para el desarrollo del país”, indicó el Consejo en boletín de prensa.
La iniciativa establece equiparar todas las figuras de defraudación fiscal con delincuencia organizada, lo que implicaría sujetar a los acusados a prisión preventiva de oficio sin derecho a fianza, posibilidad de extinción de dominio y procedimientos extraordinarios de investigación. Al respeto, el CCE considera que, aunque los delitos deben ser sancionados penalmente, no se justifica que se haga a través de un régimen excepcional que sólo aplica a delincuentes de alta peligrosidad que ponen en riesgo la seguridad nacional y la existencia misma del Estado.
Por otro lado, consideran indispensable establecer una diferenciación sustancial entre las organizaciones delincuenciales que se dedican a simular operaciones para vender facturas y aquellos contribuyentes que puedan haber comprado alguna de ellas.
Agregó que algunas conductas indebidas en materia fiscal pueden cometerse por omisiones, errores o inconsistencias involuntarias, por parte de contribuyentes cumplidos.
Consideró que, sin estas precisiones y adecuaciones, la iniciativa generará un justificado temor en las empresas formales del país, de que se pueda dar un acto arbitrario de la autoridad que ponga en peligro su integridad personal y sus bienes, generando falta de seguridad jurídica y certeza a la inversión productiva.
